Los partidos de la oposición ratificaron ayer en la Rural que sofocarán cualquier intento kirchnerista para prorrogar en el Congreso las “facultades delegadas” al Ejecutivo, que tienen vencen el próximo 24 de agosto. Y prometieron que impulsarán una nueva ley que rebaje generosamente las retenciones que tributa el campo. Aunque ese proyecto debe ser pulido, tendría un costo fiscal de US$ 2.500 millones, casi la tercera parte de lo que hoy aporta el sector.
Los jefes de bancada de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el GEN y el PRO se sentaron en una larga mesa, frente a un auditorio donde había más de un millar de dirigentes rurales. Les dio la bienvenida Hugo Luis Biolcati, presidente de la Rural, quien recordó que la Mesa de Enlace, aunque no sin roces, había logrado consensuar un día antes una propuesta para reducir las retenciones. No lo hizo, pero poco faltó para que Biolcati preguntara: ¿Y ahora qué van a hacer ustedes?
Las respuestas no tardaron. Oscar Aguad, jefe del bloque de la UCR, retrucó: “No va a haber más delegación legislativa”. Y Lilita Carrió, de la Coalición Cívica, lo respaldó. “Se cae todo. El 25 de agosto no hay más facultades delegadas”, dijo.
La oposición cerró filas para evitar cualquier intento del Ejecutivo para seguir detentando algunas de las facultades que cedió el Congreso. Entre ellas, la de fijar retenciones. Daniel Sabsay, constitucionalista, había asegurado un rato antes que esta práctica frecuente de la política criolla rozaba lo “anticonstitucional”.
Ya en el almuerzo, los opositores hicieron números ciertos para evitar que un proyecto que prorrogue esas facultades se les colara desde el Senado, donde el kirchnerismo todavía conserva margen de maniobra. “Tenemos 129 diputados”, repetían. Suficientes, según ellos, para conjurar cualquier intento. Felipe Solá, del Peronismo Federal, había sido tajante al marcar que en la Cámara alta está el flanco débil. “El Gobierno va de shopping al Senado”, disparó.
La ofensiva para recortar los poderes (y en este caso, la caja) tendrá epicentro en Diputados. Allí intentarán reinstalar la discusión sobre el nivel de retenciones agropecuarias. Esa discusión quedó en la nada el 17 de julio de 2008, tras el conflicto, con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.
“¡Es una oportunidad histórica!”, se congratuló el peronista Adolfo Rodríguez Saá. Federico Pinedo, jefe de los diputados macristas, señaló que la caída automática de las facultades delegadas abrirá “una discusión, que si no se salda en la política se saldará en los tribunales”. Patricia Bullrich coincidió que si no aparece una ley, el vacío legal habilitará a ir a la justicia.
Las iniciativas en danza están en sintonía con la de la Mesa de Enlace. Implican la eliminación inmediata de las retenciones que pagan las economías regionales (del 5 al 10%), la carne (15%) y el trigo (23%). La excepción sería la soja, que hoy tributa 35%. Y hay dudas con el maíz. En el caso de la soja y también del maíz habría una baja gradual y segmentada.
Los partidos de la oposición se sienten con chances de suceder al kirchnerismo en 2011. Por ello, ninguno comulga con la eliminación total de las retenciones. Nadie quiere desfinanciar a un Estado que recaudará este año US$ 8.500 millones.
Por eso se exceptúa a la soja, que con las harinas y aceites es artífice del 87% de esos ingresos.
Así, el proyecto de la oposición transcurre por un camino intermedio. Tendría un costo inmediato de US$ 1.000 millones. Pero la soja, que aporta 7.000 millones, es motivo de fuerte discusión. Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, logró instalar su histórica idea para que sigan pagando los grandes productores, pero que se implemente una segmentación que exima del tributo a chicos y medianos. El consenso para rebajar las retenciones existe. Pero todos admiten que la discusión será difícil.
